La figura de la madre de un asesino confeso y el dramático
desenlace que supuso la posterior ejecución de su hijo constituyen un episodio
de profunda carga humana.
Más allá de la crónica judicial, esta historia ofrece una
perspectiva humana del dolor y la resignación de quienes, ajenos al crimen,
hubieron de soportar las consecuencias de una tragedia.
La ejecución de Carlos García de Paredes y Campuzano,
ajusticiado mediante garrote vil en 1905 por el conocido como "Crimen de
Don Benito", marcó para siempre a una de las familias más relevantes de la
sociedad dombenitense de finales del siglo XIX y comienzos del XX. El proceso
judicial ocupó las páginas de la prensa y quedó grabado en la memoria
colectiva, pero tras aquella tragedia permanecieron casi en el olvido quienes
también la vivieron: su madre, Alberta Campuzano y Prieto, y el resto de su
familia.
Tras el crimen, los cantares populares surgieron de
inmediato. Este es uno de los muchos que circularon entonces, de autor
desconocido. Pulsa para escucharlo
Mucho antes de que la desgracia alcanzara a los García de
Paredes, Alberta Campuzano era una mujer conocida y respetada en Don Benito. El
10 de diciembre de 1866, cuando la reina Isabel II hizo escala en la estación
ferroviaria de Don Benito durante su viaje hacia Portugal, una multitud acudió
a recibirla.
Entre las personas que tuvieron el honor de subir al tren para
saludar a la soberana figuraba Alberta Campuzano, distinguida como Camarera Real
Honorífica.
- Acompañé
a Su Majestad con el respeto debido a la Corona. Fue un día señalado para
nuestro pueblo y para quienes tuvimos el honor de recibirla.
Aquella escena retrata a una mujer integrada en la élite
social de la localidad. Casada con Lorenzo García de Paredes y del Corral,
formó una numerosa familia compuesta por Isabel, Elena, Rosalía, Diego,
Gabriel, Carlos, Francisco y Enriqueta, esta última religiosa bajo el nombre de
Sor Mercedes.
En agosto de 1892 falleció Lorenzo. Alberta quedó viuda y
asumió el peso de la familia en una etapa que culminaría, trece años después,
con el episodio más doloroso de su vida: la condena y ejecución de su hijo
Carlos.
El 25 de marzo de 1905, Alberta se trasladó a Madrid
acompañada por una hija de Ramón Martín de Castejón, con el propósito de agotar
todas las gestiones e influencias posibles en favor de los condenados.
Sin embargo, la defensa de Carlos resultaba especialmente
difícil. Mucho antes del crimen que lo llevaría ante la justicia, ya había
dejado tras de sí un rastro de violencia y sufrimiento. No mostró compasión ni
siquiera hacia una prima que padecía epilepsia, de cuya vulnerabilidad se
aprovechó para abusar de ella. La joven jamás logró sobreponerse a aquella
agresión: perdió la razón y pasó el resto de su vida internada en un manicomio,
donde murió años después.
También llegó a herir de un disparo en un brazo a su propio
hermano, mientras que su madre vivía atemorizada por sus continuos arrebatos,
hasta el punto de dormir encerrada bajo llave por miedo a él.
Ambas mujeres acudieron al Ministerio de Gracia y Justicia para
entrevistarse con el ministro y solicitar el indulto de sus respectivos
familiares. El señor Ugarte declinó recibirlas y encomendó la atención al
subsecretario del ministerio, quien les manifestó su disposición a realizar
cuantas gestiones estuvieran a su alcance.
Francisco Javier Ugarte y Pagés (Barcelona, 24 de febrero de
1852-Madrid, 27 de junio de 1919) fue un abogado y político español, ministro
de Gobernación durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena y
ministro de Gracia y Justicia y ministro de Fomento durante el reinado de
Alfonso XIII.
Ante la inminente ejecución de las penas de muerte impuestas
a Carlos García de Paredes y Ramón Martín de Castejón, se desarrolló una
intensa campaña para obtener el indulto. La iniciativa partió del Ilustre
Colegio de Abogados de Badajoz, que organizó una comisión encargada de recabar
el apoyo de las autoridades y corporaciones provinciales. Estas remitieron
telegramas al Mayordomo Mayor de Palacio y al Presidente del Consejo de
Ministros, solicitando que el rey ejerciera la prerrogativa de gracia.
A la petición se sumaron el obispo de la diócesis, el
alcalde de Badajoz, la Cámara de Comercio, la Cámara Agrícola y Comunidad de
Labradores, la Sociedad Económica de Amigos del País, la Academia Provincial de
Ciencias Médicas, el Colegio Farmacéutico, el Liceo de Artesanos, diversos
diputados y representantes provinciales, así como la práctica totalidad de la
prensa de Badajoz y los corresponsales de los periódicos madrileños. Todos
apelaban a razones de humanidad y clemencia, convencidos de que la justicia ya
había sido satisfecha.
Especial relevancia tuvo la postura del abogado Antonio
Teixeira, acusador particular durante el proceso. Aunque sostuvo que la
sentencia era plenamente justa y rechazó que el indulto pudiera fundamentarse
en supuestas irregularidades del procedimiento, solicitó el perdón por motivos
exclusivamente humanitarios y exhortó al pueblo de Don Benito a secundar esa
petición.
En cambio, el Gobierno, presidido por Raimundo Fernández
Villaverde, respondió negativamente a todas las solicitudes, alegando la
excepcional gravedad del crimen y la obligación de mantener la condena.
Asimismo, el alcalde de Don Benito, Francisco García, manifestó que el pueblo
no se consideraba legitimado para perdonar y entendía que esa decisión
correspondía al hijo de la víctima y no de la población.
Raimundo Fernández Villaverde y García del Rivero (Madrid,
20 de enero de 1848 - Madrid, 15 de julio de 1905) fue un político español,
presidente del Consejo de ministros durante el reinado de Alfonso XIII y
ministro de Gobernación, de Gracia y Justicia, de Hacienda, y de Ultramar en
diferentes gobiernos formados durante el reinado de Alfonso XII, la regencia de
María Cristina de Habsburgo-Lorena y el reinado de Alfonso XIII.
Pese a la intensa movilización institucional y periodística,
el ambiente en Don Benito continuó siendo mayoritariamente contrario al
indulto. La persistencia de ese sentimiento, unida a la firme negativa del
Gobierno, hizo fracasar todas las gestiones de clemencia y condujo finalmente a
la ejecución de los condenados.
Las fuentes no nos dicen cómo vivió aquella tragedia. No
conservamos cartas ni diarios que describan sus sentimientos.
Sin embargo, sí conocemos cómo decidió afrontar el final de
su vida, y esa decisión habla con elocuencia de su carácter.
El 10 de agosto de 1910, Alberta Campuzano fallecía en Don
Benito. Su testamento constituye el mejor retrato que ha llegado hasta
nosotros.
Dispuso que su entierro fuese de primera clase, con la
asistencia de la Cofradía de Señores Sacerdotes, cuyos miembros debían
acompañar el féretro con velas encendidas hasta el cementerio. También ordenó
que sobre la tapa del ataúd figurase la imagen de San José, santo al que
profesaba una especial devoción.
- Deseo
que mi último camino esté acompañado por la oración y bajo la protección de San
José.
Su religiosidad también quedó reflejada en las obras de
beneficencia que dejó establecidas. Legó veinticinco pesetas a la Conferencia o
Hermandad de Señoras de San Vicente de Paúl, otras veinticinco a las Hermanas
de la Caridad y la misma cantidad a las Hermanitas de los Pobres de Don Benito.
- Si algo
he recibido en esta vida, deseo que una parte permanezca al servicio de quienes
más lo necesitan.
No conocemos otras palabras suyas. Pero estas disposiciones
testamentarias permiten comprender qué valores quiso dejar como legado: la fe,
la oración y la caridad.
La mayor parte de su patrimonio pasó a sus hijos. Entre
ellos figuraba también Carlos, aunque había fallecido cinco años antes. Su
nombre permanecía ya unido para siempre al "Crimen de Don Benito",
uno de los procesos criminales más conocidos de la Extremadura contemporánea.
FUENTES Y AGRADECIMIENTOS:
Imágenes restauradas por dovane63 a partir de fotografías auténticas de la época.
El crimen de Don Benito. Un pueblo contra el caciquismo, de Daniel Cortés González.
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